La Corte Aclara Sobre las Revisiones de Rutina

En la jerga de quienes somos abogados y además defendemos y promovemos los derechos humanos le llamamos falta o delito de “portación de cara prohibida” a aquella acción pasiva del ciudadano que por su puro aspecto motiva que los policías preventivos lo detengan y le practiquen los que ellos llaman una revisión de rutina en su persona y posesiones. Esto bajo el argumento de que lo hacen por la seguridad de todos. Ante la espeluznante ola de criminalidad que se vive, los principales encargados de la seguridad pública (desde el presidente de la República, Gobernadores hasta Presidentes Municipales), frecuentemente ven como una solución simplista incrementar estas revisiones a los ciudadanos. Y digo simplista, porque año con año, se destina a la seguridad pública vendavales de recursos del presupuesto público, que no se ven reflejados en mejora ni real ni de percepción en la seguridad pública, sino todo lo contrario. Aquí casi quedaría la regla de que el aumento de la inseguridad es directamente proporcional al aumento de recursos públicos para su combate; porque hace más de tres décadas con menores porcentajes del gasto público en el rublo, teníamos menos delincuencia y no sentíamos más seguros.

A pesar de la permanente oposición de las Comisiones de Derechos Humanos contra las revisiones a las personas, estas nunca se han dejado de practicar por parte de los policías preventivos. Como generalmente el acto de molestia no pasa de la revisión y se deja ir al ciudadano, esa es una razón por la que los ciudadanos prefieren no quejarse de estas violaciones a sus Derechos Humanos, de ahí que en la CEDHJ no haya más de 10 quejas en 2017 registradas por este tipo de violación. Generalmente las quejas están motivadas por otro tipo de abusos que se originan con la revisión, abusos como robos al ciudadano y lesiones por exigir que se respete su derecho. Por supuesto que cuando al ser revisado un ciudadano se le encuentra algo ilícito como drogas, armas u objetos robados; el delito extingue la violación al derecho humano protegido por el artículo 16 Constitucional de no ser molestadas en su persona ni sus posesiones sin orden judicial.

Hace días la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló las disposiciones de las normas del Código Nacional de Procedimientos Penales, que permiten inspeccionar a personas y vehículos sin la existencia de una orden judicial previa, pero, siempre y cuando exista una sospecha razonable o flagrancia y no por la apariencia física de un ciudadano. Aclarando que esas inspecciones no deben ser motivadas por la apariencia física de los ciudadanos.

Antes de que se generen protestas contra este pronunciamiento, la SCJN emitió un comunicado en el que aclara que en ningún momento dijo que la policía puede inspeccionar personas y vehículos a su antojo, ni siquiera en caso de una infracción de tránsito. Lo que la SCJN, dice que si resolvió es:

“Que está prohibido que los policías inspeccionen personas y vehículos a su antojo. La policía solo puede realizar actos de inspección si se encuentra abierta una investigación criminal. La inspección en caso de flagrancia procede solo si hay sospecha razonable de que la persona coincide con las características del sujeto denunciado. La policía puede inspeccionar también  cuando el delito ya fue cometido y hay una investigación en curso por parte de policía y el MP. Es ilegal cualquier que no se realice en casos de flagrancia o cuando no haya una investigación.”

Así pues, la SCJN aclara que sigue vigente la garantía consagrada en el artículo 16constitucional de prohibir las revisiones a los ciudadano por su “sospechosidad ” como dirían subjetivamente algunos policías.