En unos días renunciarán a sus cargos importantes actores políticos que incursionaron en labores de seguridad pública. Lo hicieron mas por necesidad de sus jefes que por voluntad propia o por tener el perfil adecuado para los cargos. No hace falta mencionar sus nombres, ya andan “sonando” en todos los medios de comunicación para futuras campañas o candidaturas de elección popular.
Antes que nada, es justo reconocer que estos personajes se distinguieron al menos por hacer su mejor esfuerzo con trabajo tenaz y honestidad, algo difícil de encontrar en la política y más aún, en el ámbito de la seguridad pública, donde casi todo está corrompido hasta la médula. Aunque hayan su mejor esfuerzo, los indicadores (locales y nacionales) de inseguridad están en su nivel histórico más alto (desde que se mide oficialmente la tasa delictiva) con un aumento de delitos del 30% en 2017, comparado con 2016.
La entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal evidenció la falta de capacitación de policías, fiscales y jueces, echando a la calle a la mayoría de personas detenidos en delito flagrante; el vigente déficit del 25 % de policías preventivos ocasionado por los exámenes de control y confianza y la errada estrategia transexenal contra el crimen organizado; finalmente fueron factores determinantes para volver – por el momento – la lucha contra la inseguridad una misión imposible.
En unos meses, esos personajes estarán en plena campaña buscando el voto ciudadano y seguramente serán cuestionados por sus adversarios, medios de comunicación y electores el haber dejado la inseguridad igual o peor que cuando incursionaron en estas labores. Ninguno de ellos podrá presumir logros significativos porque simple y sencillamente los números son fríos en sentido negativo. A final de cuentas habrán entendido que fue un error político haber aceptado incursionar en ese campo minado que se ha convertido el combate a la inseguridad.
Las respuestas que habrán de dar serán justificaciones basadas en factores externos y ajenos a sus facultades, ante la carencia de indicadores positivos que presumir, lo que puede ser creíble pero no justificable, pues ya sabían el panorama que enfrentarían cuando aceptaron el cargo y porque los ciudadanos pagamos impuestos a cambio de resultados, no de justificaciones.
Así pues, si tomamos en consideración que la seguridad es el principal reclamo electoral ciudadano; es de esperarse que con tanto crecimiento de la inseguridad, ahora esta cobre victimas – indirectas – en carne de los políticos metidos a gendarmes. Consecuencia lógica de tanto yerro, improvisación y corrupción de la que precisamente emergieron.
