Desde hace algunas semanas diversos medios de comunicación dieron a conocer el proceso que emprendió la Delegación de la Procuraduría General de la Republica a la maestra Laura Carranza Leal, docente de educación especial dependiente de la Secretaria de Educación Pública.
La docente está acusada de narcotráfico por enviar por paquetería un frasco con gotas y una caja con 30 tabletas de Clonazepam (medicamento controlado), sin incluir la receta médica, a su madre quien radica en la ciudad de Brownsville, Texas y padece de la enfermedad de esquizofrenia paranoide.
Aunque Laura ha intentado por todos los medios a su alcance demostrar que desconocía esa normatividad y de que su madre tiene la prescripción del doctor que la está atendiendo, la dependencia federal hasta el momento no lo ha tomado en cuenta.
Lo grave es que la maestra podría ser condenada por el delito que se le imputa, desde 7 hasta 25 años de cárcel, lo cual sin duda, sería un castigo exageradamente severo para ella o para cualquier persona que cometa una omisión involuntaria similar.
Las procuradurías son dependencias que se crearon con el objetivo fundamental de impartir justicia a la sociedad, de no revisarse este caso, los ciudadanos podríamos presenciar un proceso totalmente contrario, es decir sería una enorme injusticia la que se cometa en contra de la educadora.
Viendo lo complicado que se ha tornado este asunto, el esposo de la profesora, Javier Reyes, quien también es catedrático, pero él del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara, le solicito ayuda legal a la institución universitaria.
Por lo que el Rector General de la U. de G. Tonatiuh Bravo Padilla, en un acto de sensibilidad, le hizo un llamado a la PGR, para que cese la persecución en contra de la maestra Laura Carranza, argumentando que la dependencia federal debería de estar más concentrada en detener a los verdaderos narcotraficantes.
Este proceso se inició desde el mes de Enero del año pasado y será revisado por el abogado general de la casa de estudios, el Maestro Javier Peña Razo, quien analizara la posibilidad de interponer un juicio de amparo que evite la detención de la institutriz.
La población ya padece del agobiante fenómeno de la inseguridad pública, como para todavía ser perseguidos por la autoridad responsable de combatir a los criminales, está mejor debería de combatir con más eficacia ese permanente flagelo social.
No se debe ignorar que las leyes son interpretativas y no necesariamente se deben de aplicar a rajatabla para demostrar que se actúa con apego a derecho, sería muy esperanzador que las autoridades demostrarán más comprensión y objetividad en este caso.
Confiamos en que algunos funcionarios de la PGR revisen este proceso y pronto se resuelva satisfactoriamente para ambas partes.
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