En las últimas semanas algunos medios de comunicación han publicado, que con el nuevo sistema de justicia penal se han liberado a más de cinco mil individuos que fueron detenidos por portar armas de uso exclusivo para el ejército, porque los fiscales de la Procuraduría General de la Republica (PGR) no pudieron acreditar la peligrosidad o la participación de los imputados en otros delitos.
Lo riesgoso, es que entre los liberados están algunas personas que fueron presentadas públicamente por tener nexos con el crimen organizado o por estar involucrados en delitos graves como homicidios o secuestros, pero al consignarlos ante el juez solo se realizó la acusación por la portación de arma prohibida.
Ya a principios del mes de Junio el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, había señalado que solo en la ciudad de México, se detenían diariamente a entre cuatro y cinco personas por portar armas ilegalmente, no obstante los detenidos eran liberados en las siguientes 24 horas, lo que significaba un incentivo perverso para la delincuencia.
Incluso, afirmó que era incomprensible que no se hubiera aprobado la iniciativa de reforma que endurecía las penas para los que cometieran ese delito, asegurando que la propuesta de modificación a la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, ya había sido aprobada por el senado y que ya solo faltaba la anuencia de la cámara de diputados.
El también presidente de la Confederación Nacional de Gobernadores (CONAGO), dijo que impulsaría reformas al nuevo sistema de justicia, porque era inverosímil que cuando una persona cometiera un robo con allanamiento de morada, se le diera la opción a la victima de ese delito si se le otorgaba la prisión preventiva o no.
Según la opinión de algunos expertos legales el nuevo sistema de justicia penal no es tan malo o ineficiente como lo señalan algunos políticos u medios de comunicación, más bien la deficiencia se está generando en cómo se aplica, para comprender mejor lo anterior, los jueces tienen la facultad de decidir si una persona representa un riesgo para la sociedad o no y en base a su criterio, decreta la libertad del infractor o su vinculación al proceso.
Lo peligroso de que los castigos para los que infrinjan la ley por portar armas sean endebles, es que al tener un sistema legal demasiado flexible, involuntariamente se estaría estimulando a la población a traer armas y esta situación, generaría más inseguridad para la sociedad, porque al hacerlo no todos los ciudadanos lo harían con la intención de defenderse muy probablemente la mayoría lo haría para delinquir.
Esto traería como consecuencia el incremento de los delitos y dudo mucho que los mexicanos resistan por más tiempo el fenómeno de la inseguridad y mucho menos que soporten que se desborde aún más lo que actualmente están padeciendo.
Es transcendental que las autoridades de nuestro país analicen con mucho cuidado y con absoluta responsabilidad, cuáles son las consecuencias de las reformas a la ley que están proponiendo y aprobando.
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