El pasado miércoles 7 de Junio quedara marcado con otra historia dolorosa más, de las muchas que ha sufrido la sociedad mexicana, esta nueva tragedia estremece a la población nacional porque implica la muerte innecesaria de una madre, sus tres hijos, junto con el padre de la señora y abuelo de los niños.
Ese día, aproximadamente a las 19:00 horas se encontraron los cuerpos sin vida de la Señora Mireya Agraz, de sus hijos Emiliano de 10 años, Aranza y Regina de 6 años y del Sr. Enrique padre de Mireya de alrededor de 70 años de edad.
Los cadáveres de esta familia estaban en el interior de la finca marcada con el número 907 de la Calle San Bernabé, de la Colonia San Jerónimo Lidíce en la delegación Magdalena Contreras de la Ciudad de México.
Todo indica que la Sra. Mireya no soporto más el largo proceso legal que sostuvo con su ex-esposo, un abogado y empresario de quien se separó desde el año 2011, por lo que se vio forzosa a envenenar a sus hijos y a suicidarse junto con su padre.
De acuerdo a las declaraciones del abogado de la fallecida, Jesús Mora Lardizábal, habían presentado dos denuncias ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCM), en donde la Sra. Mireya, señalaba a su ex-esposo de haber abusado sexualmente de sus propios hijos, pero las evidencias que presentaron fueron desestimadas aun cuando ahora algunos juristas coinciden en que si eran significativas.
La familia Agraz acudió también a solicitar el apoyo de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) e interpuso un recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), no obstante la Juez Décimo Primero de lo familiar, ignoro lo anterior y las evidencias presentadas, condenando a Mireya a entregar a los menores al padre, e incluso inexplicablemente castigo a la madre con la perdida de la patria potestad aun cuando el ex-esposo y su abogado no lo habían solicitado.
Si bien es cierto que en derecho es importante escuchar a las dos partes para tener una opinión más equilibrada y aun no se ha dado a conocer la versión del padre de Emiliano, Aranza y Regina, por lo lamentable del caso han surgido varias suspicacias, una de ellas es que se haya comprado el veredicto con dinero, de ser así, aunque el ex-esposo y la juzgadora no tuvieran escrúpulos, a ambos les perseguiría por el resto de su vida el saber que modificaron el resultado de este juicio a cambio de dinero manchado con la sangre de una familia.
Otra teoría sería que como el padre es abogado y empresario, nuevamente triunfo la ley del más fuerte o la del mejor posicionado legalmente, es decir que el influyentismo sigue atropellando los derechos de los ciudadanos comunes y corrientes como usted o como yo, sin importar el tipo de consecuencias que les genere a los demás, aunque últimamente muchas de ellas sean realmente fatales.
Si la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, desea realmente reivindicarse en este asunto está obligada a realizar una investigación profunda y minuciosa de lo sucedido durante todo este proceso y si en ella encuentra algún tipo de responsabilidad tiene que actuar en consecuencia, El Tribunal de Justicia del Distrito Federal debe también investigar la actuación de la Juez Décimo Primero de lo familiar, para que se esclarezca fehacientemente si esta funcionaria actuó apegada a derecho, y si no lo hizo castigarla con todo el rigor de la ley, la Comisión de Derechos Humanos le debe a esta familia una estricta vigilancia de las investigaciones de ambas dependencias hasta que no quede ninguna duda de que se le hizo justicia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación esta moralmente obligada a involucrarse hasta donde lo permita su jurisdicción, la indiferencia de estas dependencias en este caso solo contribuirá al crecimiento de la desconfianza de los ciudadanos en la impartición de justicia por parte de las autoridades correspondientes.
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