ANTONIO VALLADARES
Le exigen cuentas al gobierno de Jalisco -también al federal- por la adquisición de equipo y software para espiar a activistas e investigadores de la sociedad civil.
En un comunicado dirigido al presidente Enrique Peña Nieto, así como al gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, los titulares del sector Sociedad Civil del Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto para Jalisco (STLGAJ) manifestaron su total solidaridad con la postura adoptada por el núcleo de Sociedad Civil de la Alianza para el Gobierno Abierto a nivel federal, y reprobaron el uso de recursos públicos para la adquisición de software para labores de espionaje en contra de activistas sociales e investigadores de la salud, hecho dado a conocer por Citizen Lab (institución con sede en Canadá).
En el pronunciamiento exigen al Presidente y al Gobernador detener este tipo de prácticas por parte del gobierno federal y del estatal, en caso de que ocurran; realizar una investigación independiente sobre los casos denunciados, y la aplicación de sanciones correspondientes.
También señalan que en el informe sobre “El Estado de la vigilancia: fuera de control”, dado a conocer por la Red de Defensa de los Derechos Digitales (R3D), se exigió que el gobierno de Jalisco sea investigado por las prácticas de espionaje a través de equipos celulares.
Los titulares del sector Sociedad Civil (el ITESO, la Coparmex Jalisco y Corporativa de Fundaciones) del secretariado demandan al gobierno estatal que proporcione información detallada de cuánto se ha gastado en la compra de software para espionaje; en qué casos se ha utilizado; su política procedimental y el marco jurídico que lo justifica.
En la carta se destaca además que las prácticas de espionaje en contra de activistas sociales son contrarias a los principios del Gobierno Abierto, a los que se han comprometido las autoridades con la sociedad.
El posicionamiento se envió el día de ayer, martes 6 de junio, por correo electrónico al jefe de la Oficina de la Presidencia, Francisco Guzmán Ortiz, con copia al secretario particular del Presidente, Erwin Lino Zárate, y al Gobernador del Estado de Jalisco a través de Oficialía de Partes, la cual lo consideró como una solicitud de información.
