Sin lugar a dudas los dos rubros que más siguen ofendiendo y lastimando a la sociedad mexicana, son la inseguridad pública y la corrupción de no pocos funcionarios de los tres poderes y de los tres niveles de gobierno de este país.
Tristemente, pareciera que los ciudadanos nos estamos acostumbrando a escuchar continuamente en los medios de comunicación los señalamientos contra algunos gobernadores, que sin escrúpulos y sin la menor mesura se apoderaron de partidas importantes del erario que les correspondía administrar.
Pero aún más grave, son las acusaciones de que varios de estos mismos personajes pusieron a disposición de algunos grupos criminales las estructuras y los funcionarios del estado para protegerlos, a cambio de recibir otras cuantiosas sumas de dinero.
Los habitantes de las ciudades y las comunidades rurales no solamente dejaron de recibir servicios de calidad de salud, educación, infraestructura sino que quedaron a merced de individuos que lo mismo les daba robar, asaltar, secuestrar, extorsionar o asesinar, sin que las autoridades identificaran y castigaran a los responsables.
Por si fuera poco, las acusaciones de sustracción de fondos públicos y de complicidades con grupos delincuenciales no solamente han sido para gobernadores y miembros de sus gabinetes, también se han extendido de forma alarmante a varios presidentes y empleados municipales.
La corrupción también ha alcanzado a varios jefes de policía, oficiales, procuradores, agentes del ministerio público o fiscales, policías investigadores, jueces y trabajadores de juzgados, es decir nuestro país se ha convertido en una de las zonas geográficas más injustas e inseguras.
La falta de credibilidad y confianza en los diferentes funcionarios que integran los poderes ejecutivos, legislativos y judiciales de la república mexicana, han hecho que la población cada vez esté más decepcionada y desesperada.
Los mexicanos ya creen poco en los que representan a las instituciones, en los partidos políticos, en los líderes religiosos y hasta en otros ciudadanos, porque muchos de ellos sólo se han aprovechado de la buena fe de una colectividad de personas honestas y trabajadoras.
Y es que ya son muchas las generaciones de candidatos a puestos de elección popular que han prometido reiteradamente que van a mejorar la seguridad pública, la procuración y la impartición de justicia; sin embargo, en lugar de que en estos tres conceptos se avance, sucede todo lo contrario, cada vez están peor.
Al parecer seguimos estando lejos de alcanzar un entorno más armonioso y con una mejor calidad de vida para las nuevas generaciones de compatriotas, ojala que pronto los habitantes de esta nación hagamos conciencia de acudir a votar responsablemente por nuestras futuras autoridades y elijamos a servidores públicos honestos, capaces y con un evidente espíritu de servicio hacia los demás.
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