AGENCIAS
Luego de ponerse en evidencia que gasolinerías venden el combustible más caro, a nuevos precios, pero no dan litro por litro, y que el Gobernador del Estado, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, pidió sanciones más severas, el senador por Jalisco, Jesús Casillas Romero, solicitó se agilice la aprobación de una iniciativa que presentó el año pasado ante el Senado de República, a efecto meter en cintura a dueños de gasolineras que cometan fraude en perjuicio de los clientes.
El punto de acuerdo presentado por Casillas Romero y otros dos legisladores del PRI se encuentra en la Comisión de Comercio y Fomento Industrial y solicita a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) que difunda información de los expendios que han sido sujetos a sanción por incumplimiento en el servicio y cuales son reincidentes, para que los automovilistas puedan consultar libremente y decidir donde surten el combustible.
Se plantea que los datos de las gasolineras sujetas a sanción deben difundirse en la revista del consumidor, la página electrónica de PROFECO e incluso a través de los medios de comunicación.
“A pesar de los operativos de vigilancia y las multas interpuestos por la PROFECO, los dueños de los negocios interponen recursos legales ante tribunales administrativos que otorgan la nulidad de las sanciones, lo que se convierte en un círculo vicioso acompañado de impunidad”, puntualizó Casillas Romero.
Además recordó que se pidió a Petróleos Mexicanos “inicie las acciones de cancelación de franquicias en contra de gasolineras que han sido reiteradamente sancionadas por incumplimiento a las normas protectoras del consumidor y cuyo caso particular se encuentre en condiciones de ser sujetas a este tipo de medidas”.
El Senador Jesús Casillas dijo que se reunirá con la delegada de PROFECO en Jalisco, para analizar a profundidad el tema, porque además del incumplimiento en la cantidad de combustible, hay otras irregularidades como deficiencias de seguridad en las bombas expendedoras, lo que pone en riesgo a los consumidores, hasta la negativa reiterada para recibir las visitas de verificación por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor.
Así mismo destacó que aunque el problema es nacional, los estados de Chiapas, Jalisco, Tamaulipas, Sinaloa, Nuevo León y Baja California Sur, son los que concentran el mayor número de quejas recibidas ante la dependencia federal.
