Actualmente la inseguridad pública es uno de los temas que más preocupa a la mayoría de las poblaciones de casi todo el mundo y por ende también a los gobiernos.
La intranquilidad de ambos sectores está más que justificada, la sociedad no merece seguir siendo lastimada por la consumación de delitos de todos tipos en su contra, desde los comunes como los patrimoniales (robos de identidad, a transeúntes, de automóviles, a casas y negocios, fraudes, extorciones u falsificaciones), hasta los del alto impacto como son los asaltos, cobros por derecho de piso, secuestros y homicidios.
Por otra parte no puede haber tranquilidad en la conciencia de los funcionarios que gobiernan, cuando saben claramente que su obligación de proteger a la gente no se está cumpliendo.
No existe ninguna persona normal que pueda sobrevivir en buen estado, si el fenómeno de la delincuencia no se abate o se disminuye significativamente. Por ello es inexcusable que se busquen nuevos esquemas integrales para obtener los resultados que los ciudadanos requieren con urgencia y que los gobernantes deben de lograr lo más inmediatamente posible.
El tiempo y la paciencia de los mexicanos se está terminando, lo que puede generar una amenaza más para la estabilidad y la armonía social, por eso es vital que se analice detalladamente en donde estamos fallando como comunidad y cuáles son las instituciones gubernamentales y las políticas públicas que no están siendo eficientes.
Una muestra de lo anterior pueden ser las recomendaciones que desde hace tiempo están emitiendo desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de las instituciones que velan por la seguridad de los habitantes de este país.
Estas han sido particularmente rigurosas e inflexibles, pareciera que la consigna fuera darles con todo a los miembros de las fuerzas armadas sin distinción, ya sean integrantes del Ejercito Mexicano, policías federales, estatales o municipales.
Y cuando estos elementos (que también son seres humanos y son parte importante de sus familias), son emboscados, masacrados y hasta quemados, no se ve a la CNDH, ni siquiera pronunciándose para lamentar sus muertes.
Es importante aclarar que no se trata de defender a ultranza a todos los elementos de las fuerzas armadas, porque aquellos que incurran en la comisión de delitos por corrupción o por un desvió grave de sus funciones, deben de ser castigados como el resto de los individuos, pero aspectos como el uso excesivo de la fuerza cuando se enfrentan a criminales de alta peligrosidad, son más con el ánimo de proyectarse que de hacerle justicia a la colectividad.
Los gobiernos federal, estatales y municipales también son bastante omisos para defender a los guardianes de la paz, porque en cuanto se dispara la presión social, abandonan a su triste suerte a estos valerosos mexicanos que exponen su vida para combatir a los criminales; ¡si estimado lector! …..a estos maleantes que cada vez son más violentos y desalmados.
Entonces cual es el mensaje que les estamos enviando a los miembros de las fuerzas del orden de este país, de que ellos deben arriesgar su vida y la estabilidad de sus familias a cambio, de que en cuanto cometan un error los crucifiquemos… ¡de verdad!….¿eso es lo que los ciudadanos deseamos?
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