ANTONIO VALLADARES
Vaya debut de la fiscal Central Marisela Gómez Cobos y personal a su cargo, que en su afán de cumplir las órdenes del fiscal general Eduardo Almaguer, detuvieron por varias horas, sin orden de apprehension, a la ex Subdirectora Jurídica de la Secretaria de Administración en el gobierno de Emilio Gonzalez Márquez, a la que tuvieron que dejar libre.
Y es que el escándalo amenazaba. No existía mandato de juez alguno ni lo pudieron conseguir.
Afuera sus abogados presionaban con la posibilidad de presenter amparos y denuncias penales.
Ella es solo señalada dentro de una averiguación previa que se supone iba a ser consignada al Juez Segundo de lo penal.
La detuvieron al filo de las 9 de la mañana cuando iba arribando a la notaria pública donde labora.
Se la llevaron. Personal del sitio se percató de lo sucedido y comenzaron entonces a buscarla, encontrándola en la calle 14.
Ella fungió como directora jurídica de la Secretaria de Administración del gobierno de Jalisco en la administración de Emilio González Márquez, cuando se dio una licitación para adquirir 39 motoconformadoras.
En un principio la licitación fue ganada por la empresa John Deere, pero una de las empresas tramitó un juicio y consiguió una resolución que echo para abajo la licitación LPL02/2009 y en 2011, en acatamiento de una sentencia, se repuso el procedimiento y tras ser modificadas las bases, se entregó a la empresa FTO México, que cambia de razón social constantemente y supuestamente se ubica en San Juan de Ocotán, en Zapopan.
Durante el gobierno del panista Emilio González Márquez este proceso provocó un desacuerdo entre los entonces secretarios Alvaro García Chávez, de Desarrollo Rural, y Ricardo Serrano Lizaola, secretario de Administración. La abogada ahora detenida, trasciende, poco o nada tenía que ver con el proceso.
El actual titular de SEDER, Héctor Padilla, ha señalado al respecto y en froma tajante qué: “Lo que se pidió o convocó no es lo que se entregó”. El daño que se ha notificado a la Contraloría del negocio es por 6.4 millones de pesos.
En el gobierno de Emilio González Márquez la inconformidad llegó a los municipios y los entonces alcaldes de Jesús María, Sayula y Tepatitlán, se negaron a entregar parte de los recursos. Otros más se quejaron de la mala calidad de las máquinas porque se “calentaban” al menor uso, además de que carecían de piezas originales, tenían refacciones seminuevas o soldadas.
De acuerdo a las primeras indagaciones se ha detectado que la sesión de adjudicación a FTO México fue virtual, que las máquinas fueron adquiridas en China como chatarra y armadas en el trayecto del barco a nuestro país. Peritajes avalan que tienen piezas seminuevas.
Por si fuera poco, luego se puso en evidencia que el representante de FTO México, Marco Antonio Orozco Álvarez Malo, fue detenido en Tijuana, Baja California, por una orden de aprehensión girada por el Juez Segundo de lo Penal Tamaulipas por el delito de fraude por 200 mil dólares en la compra de unos tractores en perjuicio de la empresa Java. El Sol de Tijuana en su momento dio a conocer la información.
Sin embargo, se ha insistido en señalar a la citada funcionaria, de ahí el intent de detenerla y consignarla…..solo que sin orden de apprehension y ante ello, no les quedó otra opción que liberarla.
A la fecha la maquinaria se encuentra a disposición de la empresa en un predio de Anillo Periférico (fotografía), ni siquiera la tiene el Gobierno de Jalisco.
