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Investigan a Schmidt y ex Funcionarios de las Penales

ANTONIO VALLADARES

El caso Sergio Schmidt no está cerrado para las autoridades en Jalisco. El fiscal general Eduardo Almaguer confirma que existe una averiguación previa abierta por malos manejos en las cárceles de Jalisco y que involucran al presunto operador financiero del Cártel de Jalisco Nueva Generación en el gobierno de Emilio González Márquez.

Sergio Kurt Schmidt alias “El Pistolas”, participó en los negocios de los centros de justicia en Jalisco y es por ello que siguen las indagatorias, explica Almaguer, “Tenía que ver con el manejo de las tiendas de conveniencia, tenía que ver con el manejo de las ejecuciones de penas, que tiene que ver con preliberaciones, de qué manera cumples con tu sentencia, y tenía que ver con acciones que generaban recursos económicos en el sistema penitenciario”.A decir del fiscal “hay una presunción, porque ese es el término legal que debo de utilizar, muy clara y muy evidente de los intereses y decisiones extralegales o supralegales que tomaba este sujeto en el sistema penitenciario del Estado, particularmente en la administración del ex Gobernador González Márquez”, expresó el funcionario.
De esa manera, adelantó que es cuestión de tiempo cuando se cerrará el caso, para imputar responsabilidad penal a una serie de ex funcionarios y todavía trabajadores de la Fiscalía de Reiserción Social.
Citó que va contra quien resulte responsable, “de parte de la Fiscalía, estaremos ejerciendo la acción penal correspondiente”. Trasciende que se involucra a ex funcionarios de los penales.

Sobre la actual fiscal Marisela Gómez Cobos mencionó “Hasta el momento, quien es la Fiscal de Reinserción Social cuenta con todo el apoyo y respaldo del Fiscal General, conozco de su integridad y cómo, a pesar de todo ese andamiaje de corrupción que le fue heredada ha logrado ir disminuyendo y generando una estabilidad en los centros penitenciarios, restándole poder a toda esta red de corrupción e impunidad que se tejió”, sentenció.
Desde 2010 se otorgaron concesiones a particulares para controlar las tienditas para reos, y casi la mitad de las 47 que existen han sido recuperadas por la vía legal.

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