MIAMI, FLORIDA/EU
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó las sanciones administrativas y medidas judiciales contra periodistas y medios ecuatorianos que favorecen al presidente de Ecuador, Rafael Correa, y a su gobierno, en una nueva ola de represalias oficiales tendientes a censurar las críticas.
La periodista Janeth Hinostroza y el canal Teleamazonas fueron sancionados el 8 de agosto por la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) por “linchamiento mediático”, delito contemplado en la Ley Orgánica de Comunicación.
Teleamazonas deberá pedir disculpas públicas en todos los espacios del canal y la misma cantidad de veces que se difundió la información sancionada por la Supercom. Hinostroza, que dirige el programa “Desayunos de 24 horas”, fue amonestada por “incumplir” con las reglas concernientes al ejercicio profesional, incluidas en la Ley. Teleamazonas anunció que demandará ante la justicia la nulidad de la resolución.
La amonestación escrita ocurrió pocos días después que el presidente Correa fustigara durante su alocución sabatina a la periodista y al canal por haber cuestionado el proceso de subasta de medicamentos del Servicio Nacional de Contratación Pública.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Claudio Paolillo, expresó su preocupación “por el aceitado sistema de instituciones estatales que se pone en marcha para defender al presidente Correa toda vez que él fustiga a sus críticos”.
“Se trata de un privilegio inaudito al mejor estilo monárquico – dijo Paolillo, director del semanario uruguayo Búsqueda – que demuestra no solo la intolerancia a la crítica, sino la dependencia de los organismos estatales y del Poder Judicial a los intereses del propio Presidente”.
Respecto al Poder Judicial, Paolillo alertó sobre una nueva sanción que favorece al presidente Correa. Esta semana se conoció una orden judicial que le prohíbe salir del país al periodista Fernando Villavicencio, imponiéndosele, también, el embargo de sus bienes y cuentas bancarias por incumplir con el pago de más de 140 mil dólares estadounidenses a favor del presidente Correa. La indemnización fue impuesta en 2013 tras ser condenado por el delito de injurias contra Correa. El periodista cuenta con medidas de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En otro incidente que afecta la libertad de expresión, un monitoreo de Fundamedios contabilizó 806 denuncias contra 292 cuentas de Twitter que fueron bloqueadas, suspendidas o les borraron mensajes, por supuesta violación a las reglas de la red social. Según Fundamedios, muchas de esas cuentas eran críticas al gobierno de Correa.
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