Hace unas horas, Eduardo Sánchez Hernández, vocero de la Presidencia de la Republica y Salvador Sandoval Silva, Sub-Procurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, anunciaron en una conferencia de prensa que por indicaciones del Presidente Enrique Peña Nieto se había presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dos acciones de inconstitucionalidad en contra de los Congresos y los Gobernadores de los Estados de Veracruz y Quintana Roo respectivamente.
Los funcionarios federales explicaron; que se habían solicitado las acciones de inconstitucionalidad con la intención de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, advirtiera a las entidades federativas que carecen de facultades para crear sus Sistemas Locales Anticorrupción porque aún no se han publicado las leyes generales correspondientes, razón por la cual no se deben hacer nombramientos de funcionarios en esa materia.
Agregaron, que los Congresos de los Estados de Veracruz y Quintana Roo, aprobaron las reformas realizando actos que no son acordes al sentido y al objetivo de la reforma constitucional del 27 de Mayo del año 2015, la cual tiene como fin concretar un sistema de elementos que ayuden a frenar el abuso del poder y no de propiciarlo.
Específicamente lo que el Gobierno Federal esta intentando es que tanto Javier Duarte de Ochoa como Roberto Borge Angulo, actuales gobernadores de filiación priistas de Veracruz y Quintana Roo, anulen la pretensión de nombrar Fiscales Anti-corrupción afines a ellos, para impedir que en las siguientes administraciones locales surgidas de los partidos políticos de oposición del PAN y del PRD, actúen con libertad para investigar y castigar los actos de corrupción cometidos durante las gestiones de ellos dos.
Después de este anuncio Javier Duarte, “decidió” no enviar otra terna de candidatos a Fiscales Anticorrupción al Congreso de Veracruz y Roberto Borge, afirmó que respetara la resolución que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ese gesto no tiene nada de voluntario porque tendría que hacerlo, ya que si no lo hiciera estaría violando la ley, y ello traería sus naturales consecuencias.
Por eso es justo reconocerle al Gobierno de la República, que haya tenido la sensibilidad para escuchar a la población de esas entidades y del resto del país, porque lo que pretendían estos funcionarios locales era inadmisible y ofensivo para la sociedad, sobre todo si analizamos que los ciudadanos de ambos Estados decidieron con su voto no refrendarle su confianza al partido del que surgieron estos gobernantes, por sus pésimas y cuestionadas administraciones.
Ambos gobernadores tuvieron la enorme oportunidad de servirle a la gente, no obstante, las circunstancias difundidas indican que fue al contrario, porque terminaron sirviéndose de los derechos de sus gobernados, por lo que se ganaron a pulso la desconfianza y el rechazo de los votantes como se demostró en las pasadas jornadas electorales.
Lo peor, es que no solo ellos están siendo retirados del poder con deshonor, también están los ex-gobernadores de Sonora impulsado por el PAN, de Guerrero propuesto por el PRD, de Chihuahua y Tamaulipas de filiación priista.
Tristemente no termina de asombrarme, que aún en esta época todavía existen varios políticos que siguen pensando que los ciudadanos somos tontos o ciegos, porque creen que nunca nos vamos a enterar de sus excesos y de su falta de transparencia, es una lástima que tengan que aprender con el desprecio de los mexicanos, que difícilmente confiaran alguna vez de nuevo en ellos, es decir su desprestigio los acompañara no solo durante toda su vida, sino que permanecerá en alguna parte de la historia.
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