PULSO CRÍTICO
HÉCTOR MANUEL RAMOS PRECIADO
De manera recurrente, el actual presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) el magistrado Luis Carlos Vega Pámanes viene pidiendo a los integrantes del Congreso del Estado que se legisle para darle autonomía al STJE, principalmente en el presupuesto y en el nombramiento de jueces y magistrados.
De entrada y a la luz de la teoría de la autonomía de los poderes como una forma de equilibrio entre ellos, la propuesta parece y suena bien; pero luego de analizar la forma escandalosa, descarada e ilegal (en la mayoría de los casos) de como el Consejo de la Judicatura del STJE designo a los 95 jueces orales en Jalisco, no nos queda más que preguntarnos ¿para eso quieren la autonomía?
En el listado de los 95 nuevos jueces designados, aparecen principalmente familiares, amigos, aliados políticos y hasta secretos inconfesables públicamente de consejeros, magistrados y jueces. Para tal fin los integrantes del Consejo de la Judicatura ignoraron rotundamente El Servicio Civil de Carrera que por Ley es un proceso a través del cual se logra la eficiencia y eficacia de la administración pública a través de la selección, incorporación y desarrollo profesional de los servidores públicos; desperdiciando a cientos de funcionarios del poder judicial con mejores perfiles, honradez y experiencia que los designados.
Imagínese amigo lector que entre los jueces designados, se encuentra uno (Cuauhtémoc Plazola Chávez) que está acusado penalmente de haber atropellado y causado la muerte a una jovencita por conducir ebrio y no solo eso, se le acusa además de haber alterado evidencias y pruebas para quedar impune. Ese solo ejemplo de los jueces designados y nos da una idea de lo que hay detrás de este escandaloso tráfico de influencias y compra de nombramientos de quienes habrán de impartir justicia en el nuevo sistema de justicia penal que acaba de arrancar y cuyo objetivo principal es el de la justicia expedita y el abatimiento de la corrupción e impunidad. Aunque “per se” el nuevo sistema de justicia penal, es mucho mejor que el anacrónico que va de salida, se antoja un futuro poco halagador para los justiciables.
Así las cosas, los integrantes del poder judicial en el Estado con la designación de jueces orales y otras acciones como el cobro del estacionamiento público y el oscuro negocio de las copiadoras la Ciudad Judicial del STJE, entre tantas otras; han demostrado tener las mismas mañas y malas prácticas que tanto se ha criticado de los integrantes del poder Legislativo (no todos). Es por eso, que a los ciudadanos realmente no nos importa en lo más mínimo, que imploren autonomía para el poder judicial; pues de fondo parece que lo único que buscan es acrecentar su poder y patrimonio de ellos y sus familias.
Mejor que las cosas se queden como están, así de menos la sociedad en general nos ahorramos el gasto que implicaría todo el proceso legislativo para modificar el marco legal y cumplir las demanda de “esa autonomía” del poder judicial.
