LA OPINIÓN DEL DIRECTOR
A pesar del enorme desprestigio que tiene nuestro país en casi todo el mundo, de que en México se forman constantemente generaciones de ciudadanos y funcionarios de gobierno corruptos, para el Congreso de la Unión sigue siendo un tema de poca importancia, así lo demuestran los legisladores al posponer el análisis y la aprobación de la nueva ley anticorrupción y de los siete reglamentos secundarios.
La iniciativa para la ley 3 de 3 se presento el jueves 17 de marzo de este año, con el respaldo de 634 mil firmas de ciudadanos y hasta ahora, no hay una fecha determinada para analizarla y mucho menos para aprobarla.
No olvidemos que a esta iniciativa ciudadana se le pretende asignar el nombre de Ley de responsabilidades administrativas, la cual obligaría a los funcionarios a presentar su declaración patrimonial, fiscal y de intereses, con lo anterior algunos sectores de la sociedad civil, intentan asegurar que los funcionarios públicos y aquellos con cargos derivados de las elecciones, se desempeñen con honestidad.
Algunos representantes de la iniciativa privada han señalado que este tipo de reglamentos son absolutamente necesarios para que la población recobre la confianza en el sector político, porque después de la divulgación de una gran cantidad de casos, en los que se han dado a conocer la malversación de fondos públicos, la mayoría de los ciudadanos ya no creen en lo que los políticos dicen o prometen.
El PAN y el PRD, propusieron crear un sistema nacional contra la corrupción, en el que se nombrara a un fiscal independiente, sin nexos o relaciones con la política o los grupos de poder, el fiscal tendría las facultades para investigar y procesar a cualquier funcionario de gobierno de las esferas federal, estatal y municipal.
No obstante, los miembros del PRI y del PVEM, trataron de alterar la iniciativa original al proponer que los montos, valores, especificaciones, ubicaciones de inmuebles y demás contenidos de la declaración patrimonial de los funcionarios no fueran públicas, solo que lo quisiera el funcionario.
Incluso intentaron establecer la prohibición de que se hiciera del conocimiento público el patrimonio de los dependientes económicos de los funcionarios, instituyendo que solo podría hacerse con la autorización expresa de ellos, razón por la que el coordinador de la bancada perredista, advirtió que los legisladores de su partido votarían en contra de la ley modificada.
Por su parte La Confederación Nacional de la Republica Mexicana (COPARMEX) propuso algunos lineamientos para el sistema, lo primero que pidió fue conservar el espíritu original de la propuesta, luego discutir y aprobar las siete leyes que conforman de manera integral el sistema, porque consideran vital que las leyes tengan una base legislativa solida, para prevenir, investigar, perseguir y castigar los delitos.
A lo anterior debemos de agregarle la exigencia de que todas las personas que decidan participar en el servicio público y que administren el erario, deben tener la obligación de transparentar sus bienes, impuestos e intereses.
Que el comité coordinador del sistema sea presidido por el Consejo de Participación Ciudadana, para que se fortalezca la ciudadanización, además de que sea honorario, es decir sin remuneración y que represente un amplio sector de la sociedad.
Modificar las leyes necesarias para que tengan los recursos y las atribuciones legales suficientes para actuar eficientemente.
Es importante destacar que en el decreto publicado en el Diario Oficial el 27 de Mayo del 2015, se establecía lo siguiente: “El Congreso de la Unión, dentro del plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor del presente decreto (28 de Mayo de 2015) deberá aprobar las leyes” que conforman EL Sistema Nacional Anticorrupción.
Después del año, La Coparmex afirma que los legisladores dejaron vencer el plazo, sin aprobar el sistema que este país necesita.
También señala que la sociedad reclama no dar un paso atrás en la lucha contra la corrupción y la impunidad y que este organismo patronal hizo propia esta causa social porque México lo necesita y los ciudadanos lo demandan.
Solo me queda confiar en la sociedad mexicana no se canse y siga luchando para que las aspiraciones de los ciudadanos sean escuchadas por nuestros representantes legislativos, que ellos tengan la sensibilidad de incluirlas en la ley, para que al final obtengan más probabilidades de ser respetadas.
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