ANTONIO VALLADARES
Esclavos en pleno siglo XXI, así vivían 271 niños, mujeres y hombres, en un albergue del municipio de Tonalá, que fue intervenido por personal de la fiscalía, encontrando como responsables de ello a trece sujetos, que están sujetos de investigación. Además hay otros once individuos ocultos ahí que cuentan con órdenes de aprehensión.
El Fiscal General Eduardo Almaguer anunció que por instrucciones del Gobernador se iniciará una revisión integral de estos espacios que atienden adicciones, junto con la Secretaría de Salud y COFEPRIS
Se supone que el sitio era para personas que se rehabilitaban de alguna adicción. Sin embargo, vivían en hacinamiento y bajo condiciones infrahumanas.
Todo empezó por una denuncia que presentó una mujer ante la Fiscalía General, quien fue agredida y privada de su libertad en tanto no pagara la cantidad de mil 500 pesos, cuando acudió a visitar a una pariente al albergue “Despertar Espiritual, Alcohólicos y Drogadictos de Occidente, A.C.”, con domicilio en la calle Aldama números 70, 70-A y 70-B, de la colonia Loma Bonita, se procedió a realizar el operativo en coordinación con el Comisionado de Seguridad Pública y diversas áreas dependientes de la Fiscalía Central. El Fiscal General, Eduardo Almaguer Ramírez, informó que en el lugar se localizaron a 111 mujeres, de las cuales 43 son menores de edad, y 160 hombres, entre ellos 69 eran también menores de edad. Asimismo, se localizaron a 11 sujetos con órdenes de aprehensión y se encontraban en el lugar para evadir la acción de la justicia.
Estas personas son:
Pablo García Barajas (por delitos contra la salud)
Hugo Vargas López (por delitos contra la salud)
Francisco Javier Ramírez Haro (por delitos contra la salud)
Israel Pedroza Orozco (por robo calificado)
Pedro Ramón Contreras Pérez (por robo calificado)
Óscar Javier González Ibarra (por robo calificado)
José Miguel Anguiano Sánchez (por daño a las cosas)
César Eleazar Camacho Zapata (por daño a las cosas)
Juan Bernardino Villarreal Ortega (por daño a las cosas)
José Abraham García Salcedo (delito por confirmar)
José de Jesús Martínez Hernández (delito por confirmar)
También informó que en calidad de presentados están 11 adultos para valorar su situación jurídica por lo que ve a los delitos de lesiones y privación ilegal de la libertad. De igual manera, se tiene presentada a una mujer recepcionista del lugar y a Sergio Pacheco Sánchez, encargado del albergue.
De los menores localizados en el lugar, 18 presentaron maltrato, 13 con golpes y quemaduras por cigarro, y a los restantes se investiga el abuso sexual del que pudieron ser víctimas; además de cuatro mujeres maltratadas. Todos ellos serán atendidos por las áreas competentes de la Fiscalía General por los daños ocasionados a su persona, así como para localizar a sus familiares, precisó el Fiscal Almaguer Ramírez.
“Estamos en el proceso todavía del operativo, encontramos condiciones de hacinamiento muy graves, encontramos también una alimentación también muy infrahumana, demeritada (…) y por supuesto que la instrucción que tengo del Gobernador del Estado, a quien yo le informé desde el primer momento, es de no solamente de ir a fondo, sino de implementar a la brevedad una estrategia con la Secretaría de Salud y con COFEPRIS, para llevar a cabo una revisión integral de todos estos centros y evitar que suceda lo que el día de hoy encontramos”, refirió.
Eduardo Almaguer explicó por último que no se busca criminalizar la pobreza o alguna enfermedad adictiva, sino sólo acreditar los que sucede y los posibles delitos que pudieran haberse cometido.
La Fiscalía General apoya con alimentación, personal médico y psicológico a los internos de este albergue y en la búsqueda de sus familiares.
El operativo continúa por parte de la Fiscalía General, la Secretaría de Salud y la COFEPRIS Jalisco, con el objetivo de iniciar los procesos médicos, administrativos y de procuración de justicia a que haya lugar y fincar las responsabilidades a quien corresponda.
Por su parte, el agente del Ministerio Público que tomó conocimiento de este hecho ordenó el aseguramiento de los expedientes de las personas localizadas en el albergue, además de que se recaban las declaraciones de los vecinos del lugar sobre supuestas irregularidades y acciones violentas que se cometían en el mismo.
