LA OPINIÓN DEL DIRECTOR
De acuerdo a la reforma constitucional de Seguridad y Justicia que entro en vigor el mes de Junio del año 2008, el próximo 18 de junio se implementará el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio o Adversarial en nuestro país.
Con esta modificación a la ley se pretende suplir el modelo inquisitivo que prevaleció durante aproximadamente 100 años, sus principales propósitos son, garantizar una mayor eficiencia en la persecución de los delitos y el autentico respeto a los derechos humanos de las personas involucradas en los procesos penales.
El Sistema de Justicia Penal Acusatorio se caracteriza por ser oral; sus principios procesales son la publicidad, la inmediación, la contradicción, la continuidad y la concentración, y se fundamenta en el predominio de los derechos fundamentales de víctimas y personas imputadas, creando nuevas figuras y mecanismos procesales, como los servicios previos al juicio, los medios alternativos de resolución de controversias, las suspensiones condicionales del proceso a prueba y los procedimientos especiales.
Uno de los cambios más significativos se efectuó en el Artículo 20 constitucional, donde se establecen los principios procesales y los derechos de las personas víctimas e imputadas de delito, porque se incluyo, el principio de presunción de inocencia, así como nuevas garantías judiciales de las víctimas, relacionadas con la reparación del daño, su seguridad personal, el resguardo de su identidad y sus datos personales e impugnación de acciones del Ministerio público.
Con este esfuerzo se busca una mayor transparencia y eficiencia, a un menor costo de los recursos públicos, el tiempo y la carga de las partes implicadas en el conflicto penal.
La intención es buena, solo que en los hechos hay muchos detalles que generan importantes dudas de que este proceso sea lo exitoso que requerimos todos los mexicanos, al menos hasta el momento es lo que se demuestra.
Concretamente nos referimos a lo siguiente, hace unos días observaba con interés una entrevista que le hacían sobre este tema al Magistrado Antonio Fierros Ramírez y al Maestro Martín Jimenez Alatorre, en esa conversación se toco el tema que los nuevos funcionarios del sistema penal acusatorio en la zona de la población de los municipios de Tequila y Magdalena Jalisco, y se afirmó que a unos días de operar obligatoriamente con el nuevo sistema, no se tenían ni las instalaciones adecuadas, ni el equipo básico necesario para operar, pero además estaban por cumplir tres meses de intenso trabajo sin que les pagaran sus salarios, incluso se comento que los nuevos empleados de los denominados juzgados para juicios orales ya estaban desesperados, ¿Pero cómo no?.. si realmente son pocas las personas que sobreviven con la angustia de durar tanto tiempo sin cobrar sus honorarios laborales y pagar por sus necesidades mas elementales.
Como queremos que los funcionarios y sus colaboradores impartan una justicia eficiente y real, si desde el principio ellos son tratados injustamente, ¿usted soportaría tranquilamente la incertidumbre de trabajar tres meses sin recibir su salario?.
Donde está la administración y la organización que se requiere para arrancar estos delicados y sensibles procesos.
El gobierno mexicano a través de la Secretaria del Trabajo y previsión social, bien sea federal o local tienen la obligación de cuidar los derechos de los patrones y el de los trabajadores, me pregunto.. ¿Qué sucedería si algunos trabajadores de una empresa privada denunciaran a sus patrones porque a pesar de haber trabajado tres meses continuos no les pagaron su sueldo? pero además, si durante ese tiempo realizaron su labor en condiciones inapropiadas.
Estarían de acuerdo con nosotros, que los funcionarios de estas dependencias públicas deberían de actuar y sancionar a la compañía, cumpliendo con la ley y su función, pero si no lo hicieran, entonces las autoridades podrían tener la posibilidad de que los ciudadanos les iniciaran un procedimiento por su negligencia e ineficiencia.
¿Entonces porque la justicia se aplica de forma tan diferente cuando los que incurren en una falta son entes privados a cuando lo hacen organismos gubernamentales?.. ¿Y el principio de equidad?.. entonces es solo una frase, que en México la justicia es igual para todos.
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