PULSO CRÍTICO
HÉCTOR MANUEL RAMOS PRECIADO
Desde 1889, se celebra el 1 de mayo de cada año en casi todos los países del mundo el Día Internacional de los Trabajadores. Se hace en honor a los Mártires de Chicago, obreros sindicalistas que en 1886 fueron ejecutados en Estados Unidos de Norteamérica (EUN) por participar la lucha por conseguir una jornada laboral de ocho horas (ocho horas para el trabajo, ocho horas para el sueño y ocho horas para la casa).
Paradójicamente los EUN y otros países celebran el “Labor Day” (similar al día del trabajo) el primer lunes de septiembre de cada año. Lo celebran en septiembre por que a finales del siglo XIX el gobierno estadounidense promovió los festejos del día del trabajo en fecha distinta al 1 de mayo para evitar que se fuera a reforzar en ese país el movimiento socialista que en aquella época se diseminaba por todo el mundo y que tanto aterraba a los estadounidenses.
En la ciudad de México y en nuestra perla tapatía, como hace más de un siglo se conmemoró el 1 de mayo con desfiles oficiales y no oficiales entre gritos, porras y consignas, con un creciente desempleo y subempleo, la vulneración de los derechos sindicales, las limitaciones al derecho a la huelga, la discriminación laboral, el creciente trabajo de los menores de edad y la cada día más socorrida práctica del outsourcing.
Eso sí, la clase política no desaprovechó la ocasión de ésta a conmemoración para llevar “agua a su molino”. En la semana aparte de los tradicionales convivios entre los titulares del poder Ejecutivo Federal y Estatal y los dirigentes de la clase obrera; tuvimos una competencia en medios de comunicación entre importantes actores políticos, destacando el anuncio del alcalde tapatío Enrique Alfaro y el jefe de gobierno de la ciudad de México Miguel Macera de impulsar un incremento de 16 pesos al salario mínimo. Las respuestas del Presidente de la República y del Gobernador del Estado no se hicieron esperar, al anunciar el primero un plan para modernizar el sistema de justicia laboral y el segundo la creación de una Fiscalía estatal de protección a los derechos de los trabajadores.
Ya pasados los festejos del 1 de mayo y las alegres declaraciones de los políticos referidos, hemos analizado con detenimiento las cifras más relevantes que tienen que ver con el trabajador mexicano y nos queda claro que el discurso oficial no se sostiene por sí solo, ya que para nada encuadra con la realidad que viven los trabajadores mexicanos. Realidad de la que todos los partidos políticos y últimos gobiernos son indudablemente corresponsables.
En esa cruda realidad, destacan los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y del INEGI que señalan que poco más de la mitad de niños mexicanos viven en pobreza, que 22 millones de mexicanos (un tercio de la fuerza laboral) vive también en la pobreza a pesar de que trabaja de 40 a 48 horas semanales, que 10 millones de trabajadores ganan solo el salario mínimo, que en los últimos 25 años el salario ha perdido el 75% de su poder adquisitivo, que 56% de la población trabaja en la informalidad, que 16 millones de trabajadores no gozan del derecho humano a la seguridad social, que el salario mínimo de 73 pesos diarios es insuficiente para cubrir las necesidades básicas de una familia, entre otros.
Luego de analizar estas cifras, queda claro que en la actualidad el Día del Trabajo se ha transformado en un día festivo que ha perdido su carácter reivindicatorio de las causas obreros y que – con el tiempo – el poder del capital pudo apagar la llama de la esperanza que en 1889 encendieron los mártires de chicago, pues las conquistas y avances de la clase trabajadora no se han visto reflejadas en mejores condiciones de vida para la clase obrera.
