EL CANTANTE DE NARCOCORRIDOS CANTARÍA “DE GRATIS” EN EL PUERTO
ANTONIO VALLADARES
El fiscal General Eduardo Almaguer, que consiguió que Gerardo Ortíz, el cantante predilecto de los alcaldes naranjas (léase Movimiento Ciudadano), no cantara en Tepatitlán, ahora pretende que tampoco suceda en Puerto Vallarta, Jalisco, y así lo dio a conocer mediante un escrito.
El cantante, que ha tomado más fama a partir de un video misógino que promueve el feminicidio y que usó patrullas de Zapopan….sí, le atinó, gobernado por el alcalde Pablo Lemus de Movimiento Ciudadano, tenía su agenda llena de presentaciones en Jalisco.
Primero fue Tepatitlán y ahora para el 7 de mayo esperaba cantar en Puerto Vallarta, Jalisco, ambos municipios gobernados por MC.
Lo evitó en Tepa, incluso trajo a declarar al cantante bajo argumentos como presuntos nexos con delincuencia organizada, y ahora pretende que tampoco suceda en Puerto Vallarta, donde a su presidente Arturo Dávalos Peña le envió el siguiente exhorto:
Sirva el presente para enviarle un cordial saludo y -así, directo- a la vez exhortarlo para que conforme a las atribuciones del ayuntamiento a su cargo, se cancele la participación del cantante Gerardo Ortíz, en el concierto que se llevará a cabo el 07 de mayo del 2018 en la explanada Villaseñor de ese municipio.
Ahora no es palenque ni evento privado, sino que es público.
Y es por eso que en la carta Eduardo Almaguer, fiscal general, le señala: “La invitación obedece a que como es de su conocimiento público en la dependencia a mi cargo llevan a cabo dos investigaciones relacionadas con la participación de patrullas y policías del municipio de Zapopan, Jalisco, en el video “Fuiste Mía” del referido cantante, así como por la creación y exhibición que muestran violencia hacia las mujeres y que hacen alusión al feminicidio y al homicidio y que pudieran constituir una apología del delito, siendo también de conocimiento público que varios de los temas que interpreta Gerado Ortíz en sus presentaciones hacen una exaltación pública de personas ligadas con miembros de la delincuencia organizada, teniendo el temor fundado que puede realizarse alguna conducta que pudiera atentar contra la seguridad de la sociedad que protegemos y por ello resulta importante reiterarle la solicitud planteada en líneas anteriores”.
El documento lo firma el mismo fiscal general Jesús Eduardo Almaguer Ramírez y ahora, como dicen, “el balón está en la cancha” del presidente municipal de Puerto Vallarta, Arturo Dávalos Peña, que ya lo recibió -el documento tiene el sello- y tiene la última decisión.
