PULSO CRÍTICO
HÉCTOR MANUEL RAMOS PRECIADO
Desde enero del presente año en que el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong dio inicio a los foros del debate nacional sobre marihuana, el gobierno federal dejó entrever un cambio de estrategia en el combate a las drogas.
La semana pasada se celebró una sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS por sus siglas en inglés) para debatir sobre el problema de las drogas en el mundo y como ya se esperaba, México representado por nuestro Presidente Enrique Peña Nieto dio un viraje en torno a su postura tradicional reconociendo que el prohibicionismo no ha dado ningún resultado satisfactorio, que injustamente se ha criminalizado a los consumidores de drogas y que la despenalización es una estrategia viable.
La postura de Peña Nieto en la ONU se materializó el pasado 23 de abril al enviar una iniciativa de ley al Congreso de la Unión en la que se plantean reformas importantes a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal, entre ellas subir la dosis permitida para consumo personal de 5 a 28 gramos (un cigarro de marihuana pesa aproximadamente 2 gramos), el uso de la mariguana con fines médicos y científicos, así como la importación o elaboración en México de medicamentos con ese componente o tetrahidrocannabinol (THC).
Existe consenso en los Legisladores para aprobar la iniciativa y se da por hecho que así será, por lo que la aplicación retroactiva de las reformas (una garantía individual), permitirá a miles de personas sometidas a prisión abandonar las de por si sobresaturadas cárceles nacionales que tienen a México en el deshonroso séptimo lugar mundial de los países con mayor cantidad de personas en prisión (World Prison Brief, 2015).
Esta iniciativa es un gran avance, pero deja muchas interrogantes en el aire, que de no resolverse en lo futuro restarán eficacia e impacto social a las reformas. Por ejemplo ¿Quién o quienes, como, donde y en qué forma se producirá la marihuana que podrá usarse para consumo medicinal? ¿En qué tipo de enfermedades se podrá usar? ¿Debe ser tomada, fumada o untada etc.?
¿Cómo podrán los consumidores adquirir de manera legal los 28 gramos permitidos? ¿Se dotará a los policías preventivos de una báscula de precisión para pesar los gramos permitidos?
Tampoco se mencionan que estrategias se seguirán contra las demás drogas ilegales que circulan en el país como la cocaína la heroína y las metanfetaminas. Estas representan el 66% del mercado total de las drogas ilegales en México, por lo que la iniciativa presidencial solo está impactando un bajo porcentaje de la problemática nacional de las drogas y ese porcentaje además, está cuestionado.
Si no se resuelven esos aspectos, la droga seguirá ofertada en el mercado por los mismos grupos criminales que actualmente controlan el mercado y por ende su poder económico y virulencia no disminuirán.
Además no hay que sacar cuentas alegres sobre los reos que obtendrán su libertad cuando entren en vigor las reformas, ya que ya que la mayoría de personas procesadas o sentenciadas por delitos contra la salud han sido acusados por transportación y venta de drogas.
Al margen de las dudas que genera la iniciativa tenemos que reconocer como un gran paso el nuevo enfoque de no criminalizar el consumo de las drogas en México; de haberse hecho antes, se hubiera evitado el baño de sangre sexenal que nos regaló Felipe Calderón. También debemos de reconocer que faltan muchas leyes que reformar y acciones que ejercer para que veamos una luz en el oscuro túnel de las drogas ilegales.
Y último, vaya un reconocimiento de MINERVA MULTIMEDIOS a la labor del exdiputado Enrique Velázquez, quien en la pasada Legislatura local tuvo la valentía y el tino de impulsar reformas liberales como la de la despenalización de la marihuana y la Ley de Libre Convivencia. El tiempo le ha dado la razón y como dice el dicho “honor a quien honor merece”.
