*ES PARA BÚSQUEDA INMEDIATA DE MUJERES, NIÑAS Y ADOLESCENTE
ANTONIO VALLADARES
Fue publicado en el en el periódico oficial “El Estado de Jalisco” la implementación del Protocolo Alba y desde el primer minuto del domingo 10 de abril, inició funciones, confirmó el fiscal general, Eduardo Almaguer, quien lo calificó como una herramienta jurídica que permitirá la localización inmediata de mujeres, niñas y adolescentes que por alguna razón se encuentren ausentes, así lo anunció el Fiscal General, Eduardo Almaguer Ramírez.
El pasado 8 de febrero, se declaró la Alerta de Género en ocho municipios del estado, y fue Jalisco la primera entidad que generó por sus propios medios este mecanismo que permite conocer de manera científica y social la situación por la que se genera la violencia en contra las mujeres. A partir de esto, se ordenan una serie de acciones entre las que se enmarca el Protocolo Alba, que tiene como referencia un modelo exitoso que se aplica en el estado de Chihuahua.
Una vez que entra en operación este mecanismo de búsqueda, agregó el Fiscal Almaguer Ramírez, se firmarán convenios con los 125 municipios, instituciones estatales y federales, además de medios de comunicación, a través de la RATO, para tener orden y un proceso técnico y operativo que permita encontrar a la mayor brevedad a las desaparecidas.
“Es el inicio de este proceso, que estoy cierto que no volverá a tener regresión, para lograr que ninguna mujer en nuestro estado sea violentada y que ninguna mujer se tenga que ausentar por violencia en su familia, por violencia en su hogar”, refirió.
Por último, el Fiscal Almaguer Ramírez reconoció la participación de organismos sociales y el apoyo que brindaron la Benemérita Universidad de Guadalajara y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente a este protocolo, lo que dará certidumbre a la sociedad y las mujeres, y permitirá un trabajo más eficiente, correcto y transparente en este tema tan importante para el Gobierno del Estado, en el respeto, la integridad, la libertad y el diseño de vida de las mujeres.
A su vez, Dante Jaime Haro Reyes, Fiscal de Derechos Humanos explicó que el Protocolo Alba Jalisco se aplica una vez que se denuncia la ausencia de una mujer, niña o adolescente, ya sea a través del 066, el 911, las agencias del Ministerio Público o corporaciones policiales, mediante tres fases.
La primera de ellas se lleva a cabo durante las primeras 24 horas, con el inicio de la investigación para la localización de la desaparecida y, en su caso, se realizan acciones para acreditar el delito. En la segunda fase, el Ministerio Público reforzará la búsqueda enviando una cédula única de difusión a los medios de comunicación y a los integrantes del Grupo Técnico de Colaboración, quienes deberán de informar de las acciones al representante social; esta etapa no tiene vigencia y concluye cuando se localiza a la ausente o se pasa a la última fase cuando se determina que existe un delito, dándose vista al área especializada para continuar con la indagatoria y la búsqueda hasta localizarla.
El sistema de búsqueda estará soportado por una plataforma electrónica distribuida en todas las dependencias de la entidad, y el Protocolo Alba Jalisco está sustentado en 33 instrumentos jurídicos internacionales, 16 nacionales, 12 estatales y faltarán por incorporar los de cada uno de los 125 municipios de la entidad.
“Con esto se promueven acciones que garanticen la seguridad de todas las jaliscienses para que vivan tranquilas, se sientan seguras y disfruten de una vida libre de violencia”, concluyó.
A la presentación del Protocolo Alba Jalisco asistieron la Presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres, Erika Loyo Beristáin; el Fiscal Central, Rafael Castellanos; el Comisionado de Seguridad Pública en la entidad, Raúl Alejandro Velázquez Ruiz; Luis Octavio Cotero Bernal, Director General del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses; Kristyan Felype Luis Navarro, Secretario Técnico de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de la Secretaría General de Gobierno, y Mauricio Rubio Beltrán, director general de la RATO.
Fiscal de Derechos Humanos, Dante Haro, muestra el documento.
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