LA OPINIÓN DEL DIRECTOR
Parece inminente el conflicto legal entre la sociedad jalisciense, los trabajadores del poder judicial estatal y las asociaciones de abogados particulares contra la administración del edificio de la ciudad judicial del Estado de Jalisco.
Este inmueble que en esencia debió de haber sido construido con más cuidado y transparencia que cualquier otro edificio público, por tratarse de un recinto especial para el asentamiento de los responsables de la impartición de la justicia en el estado, irónicamente ha resultado todo lo contrario, sin duda es la obra más cuestionada y la menos explicada.
Las razones de la creciente inconformidad de la población, lamentablemente son muchas, desde la enorme variación en el costo total de la obra, el tiempo de construcción, la deficiencia de sus terminados y por si fuera poco el enorme costo que deben de pagar los usuarios del estacionamiento para ingresar a este edificio público que ya fue pagado excesivamente con los impuestos de la sociedad mexicana.
El mismo Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, Luis Carlos Vega Pámanes, lo califico como “el robo del siglo”, por lo que solicito una investigación para aclarar las irregularidades a la Auditoria Superior y a la Contraloría del Estado, pero hasta la fecha no ha habido un resultado satisfactorio por alguna de estas dos dependencias.
El presupuesto aprobado para esta obra fue de alrededor de los 350 millones de pesos y termino costando más de 800 millones, es decir más del doble de lo cotizado y autorizado, pero además una buena parte de las instalaciones fueron entregadas en obra negra o incompletas y con varios meses de retraso, además de que algunas áreas pronto presentaron evidencias fehacientes de una construcción deficiente.
De hecho cuando se entrego el inmueble, solo pudieron operar el primer y el segundo piso, para operar el tercer nivel, se estarán invirtiendo más recursos públicos, lo que incrementara el costo de esta edificación a más de mil millones de pesos.
Lo que confirmaría la gravedad de la situación, ya que precisamente a un costado de la ciudad judicial local, se encuentra un edificio de la ciudad judicial federal con el doble de la construcción pero increíblemente con un costo casi similar.
Por si fuera poco, en la ciudad judicial federal no se cobra por usar el estacionamiento, razón por la cual varios abogados de Jalisco tramitaron amparos solicitando la cancelación del cobro del estacionamiento en la ciudad judicial local.
La frustración y el enojo de los jaliscienses obligo a que el Congreso del Estado pidiera también al gobierno estatal una investigación para esclarecer si detrás de lo anterior había un desvío de recursos o compras a sobreprecio.
Entre todos los dichos mexicanos, sobresale uno que le calzaría a la perfección a este caso… ¡El buen juez, por su casa empieza!… pero tristemente para la sociedad y los usuarios de esta obra pública, no ha habido todavía justicia, porque ni se ha aclarado porque costo tanto la obra, tampoco si hubo responsables del desvío de los fondos públicos y mucho menos ¿quiénes fueron?
Indudablemente este caso no ha tenido la atención, la sensibilidad y la voluntad adecuada por parte de los funcionarios competentes del gobierno del estado, ni para informar a los gobernados, ni para ejercer las facultades que tienen para indagar y mucho menos para castigar a los probables responsables de estos bochornosos hechos.
Finalmente sería importante saber hacia dónde se canalizaron los recursos por el cobro indebido del estacionamiento hasta esta fecha, para esclarecer lo sucedido, pero mucho más apremiante seria detener el cobro del estacionamiento porque a todas luces es inmoral e improcedente.
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