LUIS ARMANDO GUERRERO NÚÑEZ
Desde la llegada a la Presidencia Municipal de Guadalajara, los representantes de Movimiento Ciudadano, han ofrecido a sus habitantes la oportunidad de experimentar grandes cambios al recuperarse en beneficio de todos los espacios públicos de dominio público, al ejecutar acciones para reordenar el comercio informal –en el primer cuadro y la calle Obregón, y dicen los propios responsables de la seguridad que al erradicarse el comercio público, y al parecer sin esperar resultados en la materia de seguridad pública, se redujeron los delitos de robo en ambas áreas de la ciudad.
El día 26 y 27 de noviembre de este año, en los diferentes medios de comunicación escritos y electrónicos, se hicieron públicas las percepciones del máximo responsable de la seguridad en el municipio, al manifestar la presunción de que las personas que se manifestaron el día en que fueron desalojados los comerciantes informales de la calle de Obregón, se encontraban vinculadas en la comisión de delitos, y aclarando que no tenía elementos de prueba para llevarlos ante la justicia por la comisión de conductas antisociales o delictivas.
Haciendo un ejercicio de emular al hoy Comisario de Seguridad Pública de Guadalajara, que como se ha dejado anotado, se atreve a exteriorizar conclusiones sin contar con elementos de prueba o datos dados, y llevar a la presunción de criminales a quienes tuvieron el atrevimiento de manifestarse en contra de una acción gubernamental municipal, cuando se encuentra obligado a que su proceso de pensamiento como autoridad, se encuentre investida del aspecto científico, entendiéndose como tal, lo que puede comprobarse de manera objetiva, es decir con elementos que hagan desaparecer el principio de inocencia, establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia criminal.
Así pues y al amparo del mismo atrevimiento del funcionario público, el que ahora escribe apela a su derecho a pensar careciendo de elementos objetivos, pero suficientes para realizar la siguiente reflexión. Previo a todo, debe asentarse de manera clara e indubitable que de ninguna manera se cuestiona la recuperación de los espacios públicos, ni tampoco el ejercicio de poder para lograr dicho objetivo. Resulta que actualmente existe en nuestro medio una crisis en educación, y consecuencia de ello la práctica generalizada de la cultura de la ilegalidad, y en consecuencia de la impunidad, pues en lo ilegal incurre la población gobernada como la clase gobernante, pues es la única manera de entender el binomio ilegalidad-impunidad, en uso de las citadas prácticas, el gobierno municipal de hecho y de derecho, vino abusando de la autoridad para disponer de los espacios públicos, otorgando a discreción pero en un número altísimo de permisos para vender en la vía pública de tal manera que ser de dominio público las calles parecían del dominio privado, en perjuicio de los ciudadanos, y generando ganancias económicas importantes –ilegitimas por supuesto- a favor de unos cuantos dirigentes y encargados de la comuna municipal.
Existen dos elementos que han sido señalados, el primero consiste en el cambio de conducta de los comerciantes ante la postura municipal en el aprovechamiento de los espacios públicos, que necesariamente implica la educación ante la cultura de la legalidad, y por otro lado, el relativo a la renuncia de riqueza por el domino de los espacios públicos, por los dirigentes de comerciantes. Una vez establecido lo anterior, es prudente realizar la interrogante, cual fue el argumento, curso de capacitación, o simplemente que hizo volver a la conciencia que debían cumplir con los mandatos de la Constitución, leyes y reglamentos municipales, y renunciar a la explotación de los espacios públicos en su más estricto provecho personal y de grupo mercantil; que la autoridad es diferente y que ahora se gobierna para todos, y que los comerciantes ya no son impunes al cumplimiento de los ordenamientos municipales, así como también, que hizo a los líderes de comerciantes conscientes que los haberes deben ser producto de su trabajo, y no por transar con las necesidades de otros que desean obtener permisos ilegítimos para aprovechar en su beneficio un espacio que es de todos. Interrogantes complicadas de contestar, no obstante, al parecer se ha logrado el convencimiento de que el cumplimiento de la ley es lo mejor, aun en ausencia de un cambio en las personas, lo cual no invita a desear que no se cumpla el mandato al cobijo de una ilegalidad oculta, porque más tarde viene el cobro de facturas, al tiempo.
