FEMINICIDIOS SIN FRENO
HÉCTOR MANUEL RAMOS PRECIADO
Blanca Estela Mendoza Domínguez se casó hace 21 años con Antonio Pedroza Vázquez, sin darse cuenta que le estaba entregando literalmente su propia vida. Según testimonio de sus propios hijos (dos mujeres y dos varones menores de edad) que procreó con su esposo y hoy victimario, desde que ellos tienen memoria su padre ha sido adicto a las drogas, al alcohol y siempre golpeó a su madre, aún en presencia de ellos. Por citar uno de esos casos: en marzo del presente año, su madre estaba siendo víctima de una golpiza más por parte de su esposo, por lo que sus hijas se metieron a defenderla y se armó un zafarrancho, al oír tantos gritos y golpes los vecinos llamaron a la policía municipal de Guadalajara, que arribó al lugar y detuvo a todos los implicados, para posteriormente turnarlos al Ministerio Público de violencia intrafamiliar de la Fiscalía Central del Estado (FCE); donde para evitar pagar fianzas y seguir un proceso penal, tanto el papá como la madre y las hijas se otorgaron el perdón mutuamente, obteniendo todos su libertad. Antes de obtener su libertad el Ministerio Público le entregó al hoy homicida en sus manos una orden de restricción para que no se acercara a menos de 200 metros de la casa de las víctimas. La mencionada orden de restricción – sin seguimiento y supervisión de la FCE, como sucede con todas -, sólo sirvió para que al cabo de un par de meses el agresor volviera a casa a través de los mecanismos de violencia y sometimiento que siempre había utilizado en contra de su familia. Mecanismos tan arraigados en algunos estratos de nuestra sociedad misógina, que por si solas las víctimas de violencia intrafamiliar y de género no pueden romper.
La última escena de violencia de género que le toco vivir a Blanca Estela Mendoza Domínguez, fue el pasado 28 de octubre de 2015, fecha en que el agresor en presencia de los hijos de ambos le apuntó con una pistola a Blanca Estela y le dijo “ahora si ya te cargó la chingada”, para luego detonarle su arma a quemarropa y quitarle la vida, todo ello mientras una de sus hijas infructuosamente llamaba a la policía para pedir auxilio.
Con Blanca Estela, en lo que va del año son alrededor de 100 mujeres asesinadas en Jalisco por su condición de mujer.
Aunque el hubiera no existe ¿Qué hubiera pasado si el Ministerio Público hubiera dado seguimiento a la orden de restricción? Vale la pena invocar el “hubiera” a favor de las futuras víctimas de la violencia de género, porque de seguro habrá muchas más. El caso de Blanca Estela es “uno más” de los que la FCE ha tenido antecedentes de sujetos extremadamente violentos que tienen sometida a toda la familia y que en no pocos casos ha terminado con un desenlace fatal como este. Y el terror sigue…. En la madrugada el 4 de noviembre de 2015, la casa de la víctima y sus deudos, fue baleada al parecer en represalia por testificar en torno a los lamentables hechos. Aunque esto ya se denunció ¿imagínense el terror y riesgo real con el que viven los deudos?
Tomando en consideración la brutal e inhumana carga de trabajo que tienen las agencias del Ministerio Público que atienden estos casos, es entendible – mas no justificable – que no den seguimiento a las órdenes de restricción y otras medidas de seguridad a favor de las victimas contempladas en la ley.
A pesar de que contamos con la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de que en agosto de 2012 se tipificó en Jalisco el delito de feminicidio y de que atinadamente se echó a andar el Centro de Justicia Integral para Las Mujeres, de poco o nada han servido los avances para frenar estas ancestrales, primitivas y ominosas conductas.
Urge que nuestras autoridades atiendan este flagelo social y se avoquen diseñar y emitir la alerta de género contemplada en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que permita realizar acciones gubernamentales de emergencia encaminadas a erradicar la violencia feminicida.
