OÍDOS SORDOS
HÉCTOR MANUEL RAMOS PRECIADO
Zeid Ra’ad Al Hussein de origen Jordano, asumió el 1 de septiembre de 2014 el cargo de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Del 5 al 7 de octubre realizó una visita México, en la que se reunió con los titulares de los tres poderes, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y miembros de la sociedad civil, víctimas de violaciones de derechos humanos; entre otros. Al término de su visita Al Hussein emitió la semana pasada su informe sobre la situación de los derechos humanos en México y con ello una serie de recomendaciones que deben ser atendidas urgentemente por nuestro Gobierno.
El Alto Comisionado reconoce significativos avances constitucionales y legales en México durante los últimos cuatro años, relacionados con la transparencia y el acceso a la información pública, el combate a la corrupción, la desaparición y la tortura que han derivado en reformas y nuevas leyes como la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la Ley General de Víctimas, la Ley de Amparo y más recientemente la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el Código Federal de Procedimientos Penales.
Sin embargo, a pesar de los avances señalados la conclusión del Alto Comisionada es contúndete: Estamos ante una crisis en materia de derechos humanos. México es una sociedad afligida por los altos niveles de inseguridad, de desapariciones y de asesinatos, de continuo acoso a personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, la violencia contra las mujeres y los terribles abusos hacia migrantes y refugiados que transitan por el país en su camino a Estados Unidos. Padecemos un 98% de impunidad de los delitos y la sociedad se siente cada vez más insegura a pesar de que los secuestros y homicidios van a la baja. De 2006 a la fecha tenemos 151,233 personas asesinadas y al menos 26,000 desparecidas, cifra demasiado alta, para un país que no está en guerra.
El caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa se ha vuelto emblemático porque representa un microcosmos de los problemas crónicos que subyacen a la implacable ola de violaciones de derechos humanos que está teniendo lugar a lo largo y ancho de México.
En ese contexto, el Alto Comisionado, entregó al Gobierno mexicano, la siguiente lista de recomendaciones:
- Fortalecer de manera urgente las procuradurías en el país para asegurar que las violaciones de derechos humanos sean propiamente investigadas, conduciendo a resultados en tiempo.
- Fortalecer de manera urgente la capacidad de la policía para llevar a cabo sus funciones de seguridad pública en línea con las obligaciones de derechos humanos, incluyendo el desarrollo de un marco legal sobre el uso de la fuerza.
- Adoptar un cronograma para el retiro de las fuerzas militares de las funciones de seguridad pública.
- Implementar las recomendaciones del GIEI y considerar mecanismos similares de seguimiento para otros casos graves.
El Alto Comisionado señaló también la resistencia del gobierno mexicano a escuchar las opiniones de organismos defensores de derechos humanos. De 2006 a la fecha, el Gobierno mexicano ha recibido 548 recomendaciones en materia de violaciones graves a derechos humanos por parte de organismos nacionales e internacionales como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y comités especiales de la ONU.
Hacia dentro, los ciudadanos de este país – porque lo vivimos a diario – estamos más que convencidos que pasamos por una grave crisis en materia de derechos humanos, algo que solo ha venido a refrendarnos el Alto Comisionado, por ello es impostergable que nuestros gobernantes dejen de hacer oídos sordos y reconozcan oficialmente el problema, instrumentando a la brevedad mecanismos para una verdadera y eficaz observancia del marco normativo en materia de derechos humanos. Más que leyes que se aprueban al por mayor sin que se cumplan, palabras y discursos bonitos sobre derechos humanos; se necesita voluntad, mucha voluntad en todos los niveles de Gobierno, empezando por la Presidencia de la República y todo su gabinete. Sin voluntad y hechos concretos seguiremos inmersos en esta crisis que desde hace más de una década frena el desarrollo nacional.
