ANTONIO VALLADARES
Aplica el Senador Arturo Zamora Jiménez la máxima de “A grandes males, grandes remedios” y presentó una iniciativa para regular las funciones de los Tribunales Administrativos, esos que a últimas fechas, con sus resoluciones, han permitido la construcción en medio de zonas habitaciones, de grandes condominios, gasolinerias y otras obras que atentan contra el entorno urbano y la calidad de vida.
El documento íntegro del proyecto de decreto que plantea reformas a los artículos 116 y 122 de la Constitución Política Mexicana, lo hizo saber en Jalisco.
Aquí confirmó que ante el Senado de la República presenté una iniciativa de ley para reformar los artículos 116 fracción V y 122 inciso C base quinta de la Constitución Política Mexicana, con el fin de dar mayor solidez institucional al funcionamiento de los tribunales administrativos, así como someter a sus integrantes a los mecanismos de supervisión y control que corresponden al Poder Judicial.
La iniciativa busca delimitar con claridad el ámbito de competencia de los tribunales administrativos, para evitar injerencia indebida o traslape sobre materias que atienden otras autoridades como son los casos de las controversias que dirimen los tribunales civiles, mercantiles y laborales.
El tema es muy sensible en Jalisco, donde el Tribunal Administrativo del Estado (TAE) se ha visto en vuelto en resoluciones polémicas por autorizar la construcción de edificios, gasolineras y otras obras que han inconformado a los ciudadanos por romper la tranquilidad y el orden de zonas con vocación residencial.
Los diferendos también han afectado a los ayuntamientos, como es el caso actual de Guadalajara, donde los planes parciales de desarrollo fueron impugnados y quedaron suspendidos con recursos cuestionados que admitió el TAE.
La iniciativa busca también determinar con plena claridad que los tribunales administrativos quedan adscritos al Poder Judicial de cada estado, por lo que deben quedar sujetos al control y la vigilancia de los Consejos del Poder Judicial respectivos; así como sus integrantes deberán cumplir los requisitos y obligaciones que se establecen para los miembros de ese Poder.
Dentro del esquema de transparencia y rendición de cuentas al que se encuentran sujetos los servidores públicos, no cabe la existencia de un funcionario que no se encuentre sujeto al escrutinio sobre su actuación, menciona el legislador jalisciense.
El incremento sustancial de las materias que son de competencia de los tribunales administrativos nos obliga a reflexionar sobre la pertinencia de sujetarlos a un mínimo de mecanismos de control, como sucede con cualquier otra entidad que haga ejercicio de poder.
Certeza, claridad de competencias, imparcialidad, orden y supervisión permanente de su desempeño, deben garantizarse como elementos indispensables a cubrir por los Tribunales Administrativos, para que cumplan satisfactoriamente su labor en las controversias entre los ciudadanos y la administración pública.
