HÉCTOR M. RAMOS PRECIADO
El columnista de la Jornada Julio Hernández le llama la banda del Tucán o el partido de las cuatro mentiras (P4M), porque no se comporta como partido, ni es verde, ni mucho menos ecologista y actúa contra México. Se trata obviamente del autodenominado Partido Verde Ecologista de México (PVEM), cuyos fundadores al observar que a fines del siglo pasado comenzaron a tomar fuerza las ideas de cuidar el medio ambiente y la ecología, tuvieron el tino de denominarlo como como una marca comercial que se vende por su puro nombre. Así desde 1991, año en que obtiene su registro, el PVEM ha captado una cantidad importante de votos que le han permitido no solo mantener su registro sino acrecentar su poder, al grado de tener el control político en el estado de Chiapas y celebrar alianzas electorales con las que ha salido beneficiado.Desde su fundación y hasta nuestros días, el PVEM ha sido secuestrado y convertido en un negocio político por la familia González y su grupo de socios – allegados; quienes no solo se han beneficiado de las grandes prerrogativas partidistas económicas, sino que también han hecho grandes negocios mediante el tráfico de influencias, además de ser señalado como el partido que ha cometido más violaciones a las normas electorales que ningún otro partido en la historia moderna electoral del país. El último ejemplo de lo anterior, fue la última contienda electoral, donde el PVEM fue acusado de violar descarada y sistemáticamente la legislación, por lo que miles de ciudadanos solicitaron al INE la pérdida de registro del PVEM.
La semana pasada el INE resolvió el caso a favor de conservar el registro del partido del Tucán. El veredicto se decidió por mayoría de siete votos a favor (entre ellos el de Lorenzo Córdova presidente del INE) y cuatro en contra. Con esta lamentable decisión, el máximo órgano electoral manda a la nación el mensaje de que se puede violar sistemática y descaradamente la ley y seguir gozando impunemente de carretadas de dinero de nuestros impuestos. Con su fallo, el INE pierde la oportunidad de hacer historia positiva y en cambio refuerza el gran engranaje del binomio corrupción – impunidad, que tanto dañado ha caudado a nuestro país y que en lo fundamental permanece intocado.
El argumento principal de los consejeros del INE, es que las violaciones no fueron graves y que sería excesivo quitarle el registro al PVEM, pues se estarían afectando también derechos de sus militantes y simpatizantes.
Digamos pues, que como Pilatos, el INE se lavó las manos y dejó en el inculto pueblo mexicano la facultad futura de sancionar – o no – al PVEM en las urnas. Postura cómoda, pero lógica atendiendo a la realidad de cuotas de poder partidista que integran y controlan al INE, lo que deriva en un conflicto de intereses que obstaculiza en ese Órgano Electoral la toma de decisiones imparciales que puedan cambiar el rumbo del país.
Otra aspecto que no hay que dejar de ver es que el PVEM ha desaprovechado la oportunidad histórica de ofrecerse como una opción de cambio real, que ante la actual crisis de los “partidos grandes” le estaría redituando muchos mayores beneficios electorales de los que ha logrado; pero su inmadurez y su pragmatismo político económico le impidió visualizar esa oportunidad que generalmente solo se presenta una vez.
